Felicitamos a nuestras compañeras y compañeros maestros que hoy son acreedores a los premios “Rafael Ramírez” ó “Ignacio Manuel Altamirano”, por haber dedicado una gran parte de su vida al servicio de la educación; igualmente a quienes reciben los reconocimientos nacional o estatal como “Estímulo al desempeño en Carrera Magisterial”.
Junto a la merecida celebración, vale la pena reflexionar sobre nuestro compromiso con las y los estudiantes y la comunidad; sobre las opciones que cada día tenemos, de plegarnos acríticamente a las decisiones de las autoridades que nos ignoran… o levantar la voz exigiendo reconocimiento y respeto, en los hechos, a nuestra importante labor.
En un día como éste, no podemos quedarnos callados ante las decisiones del gobierno que lastiman nuestra condición de trabajadores(as) y educadores: la Ley del ISSSTE y la mal llamada “Alianza por la calidad de la educación” –no nos cansaremos de decirlo-, son medidas en contra nuestra y de la sociedad a la que servimos; callarlo sería convertirnos en cómplices, y no escogimos nuestra profesión para ser operadores de los atropellos a las garantías sociales y los derechos que otras generaciones legaron al pueblo mexicano.
En la Constitución General de la República aparecen, todavía, el derecho a la seguridad social y a la educación, y los principios, fines y criterios que habrán de orientar a esta última; pero a través de leyes secundarias y alianzas político-electorales –que no educativas-, se nos perjudica doblemente: quitándonos derechos laborales y pretendiendo obligarnos como trabajadores asalariados a solapar e implementar decisiones en educación que son contrarias a la Constitución y al desarrollo integral de los individuos y de la sociedad: desde la privatización de las responsabilidades del Estado –vía “subrogaciones”, “organismos independientes” y “consejos de participación social”-, hasta el giro de la tarea educativa hacia los intereses de quienes la ven sólo como inversión en mano de obra abundante, buena, “cívica” y barata.
Ahora pretenden modificar las leyes que les faltan -laborales y educativas- y la Constitución, para adecuarlas a los retrocesos que ya están imponiendo, alentados por la indolencia de muchos que ingenuamente esperamos que los daños no nos alcancen, mientras los organismos de investigadores y expertos en educación y seguridad social de mayor reconocimiento en el país nos advierten de las lamentables implicaciones que esas contrarreformas tendrán para nuestra patria.
Es cierto, para estos reclamos no contamos con la potencial fuerza de nuestra organización sindical, porque una camarilla de traidores la ha secuestrado, en contubernio con los gobernantes en turno, federales y estatales, y la ha puesto justo en contra de las y los trabajadores. Por elemental decoro de educadores(as), la destitución de Elba Esther y sus secuaces es una tarea apremiante y de todos.
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